La Comisión de Autonomía Municipal, presidida por el representante Juan José Santiago Nieves, atendió hoy en vista pública dos medidas que buscan enmendar el Código Municipal de Puerto Rico para beneficiar a personas sin hogar y atender el problema de propiedades abandonadas.
En primer lugar, el Proyecto de la Cámara 1201, presentado por el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, propone que las propiedades inmuebles que el Departamento de la Vivienda (DV) haya adquirido y sean reasignadas a personas y familias sin hogar estén exentas de pagar las contribuciones que adeude al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).
Parte de la problemática que ha enfrentado esta iniciativa, según la exposición de motivos, es que una vez el nuevo titular acude al CRIM para cumplir con los fines administrativos, le informan que la propiedad se encuentra gravada por una deuda anterior. En ocasiones, y dependiendo de la región del CRIM, se le libera la propiedad de dicho gravamen, pero “no existe un procedimiento uniforme y un mandato claro para tales fines”.
El CRIM expresó su apoyo a la medida, y recomendó que Vivienda pueda estar exento previo a la otorgación de la propiedad a los ciudadanos participantes o beneficiarios, en aras de que libere toda deuda o gravamen que tenga dicha propiedad con el CRIM previo al traspaso al beneficiario.
De esta forma, una vez los beneficiarios tengan la titularidad del inmueble le podrán aplicar las exoneraciones contributivas del CRIM dispuestas en el Código Municipal.
“Es nuestro interés que toda familia puertorriqueña tenga un hogar seguro y digno que le provea una mejor calidad de vida, razón por la cual estamos a favor que se le conceda la titularidad del inmueble a los ciudadanos beneficiarios de los programas que administra la Secretaría de Gerencia y Desarrollo de Proyectos de Vivienda para aquellas personas y familias sin hogar”, indicó en un memorial explicativo el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua.
El DV igualmente endosó el proyecto, al tiempo que sugirió que se incluya todos los programas de vivienda de la agencia con el fin de extender la condonación de deuda a los casos en que las personas solicitan reubicación u otras situaciones similares.
Además, recomendó que se realicen varias enmiendas para aclarar que el CRIM tiene que certificar, antes de la transferencia del título al ciudadano, que dicha propiedad se encuentra libre de gravamen, ya que el titular es el Gobierno de Puerto Rico.
“Las disposiciones del P.C. 1201 son cónsonas con la política pública promulgada por nuestro Departamento y beneficiarán a las miles de familias que luchan por hacerse de un techo propio. La medida servirá para dejar diáfanamente claro que los compradores de estas viviendas tienen el derecho a recibir la condonación de la deuda por concepto de contribución sobre la propiedad”, destacó en una ponencia el secretario William Rodríguez.
El representante Santiago Nieves realizó unos requerimientos de información, tanto al CRIM como a Vivienda, que deberán ser entregados en una vista ejecutiva que será convocada en los próximos días.
El legislador solicitó que ambas agencias entreguen un informe sobre el impacto de la medida en los municipios, mientras que, específicamente a Vivienda, pidió el inventario de propiedades que alberga la agencia para los fines del proyecto.
“Es importante que se desarrolle este proyecto y que se apruebe, toda vez que lo que queremos es beneficiar a nuestros constituyentes y puedan adquirir esas propiedades sin ningún problema, y más aún personas que no tienen hogar. Yo creo que debe ser política pública de todos y todas tener eso como misión”, manifestó.
Por otro lado, la comisión evaluó el Proyecto de la Cámara 1053 que busca facilitar el que los municipios puedan atender eficiente y proactivamente el problema de propiedades abandonadas dentro de sus límites geográficos.
La medida de la autoría del legislador Roberto Rivera Ruiz de Porras, además de realizar enmiendas y fortalecer el Código Municipal de Puerto Rico, busca optimizar y hacer más eficiente los procesos de adquisiciones de estorbos públicos en los ayuntamientos para lograr su desarrollo para servicios y accesibilidad de vivienda a la ciudadanía.
En la audiencia pública, la Asociación de Alcaldes representado por su directora ejecutiva, Verónica Rodríguez Irizarry, subrayó que según la exposición de motivos del Proyecto, señala que la Ley 107-2020 conocida como el ‘’Código Municipal de Puerto Rico’’, incluyó un proceso para que los municipios atendieran el problema de los estorbos públicos.
Sin embargo, Rodríguez Irizarry indicó que ‘’este procedimiento no ha sido efectivo, considerando que es una copia casi taxativa de la derogada Ley 31-2012. Es necesario establecer mecanismos que provean herramientas adecuadas, cónsonas con las realidades que enfrentan hoy día los municipios’’.
La funcionaria destacó que el proceso de expropiación establecido por la ley 107-2020, no cumple su propósito ya que es una réplica de mecanismos. ‘’Réplicas del pasado que han resultado ineficientes. Además, hace oneroso que los municipios puedan atender este gran problema. Con las enmiendas que se proponen en el Proyecto se busca que las disposiciones finalmente adoptadas logren el propósito principal’’.
Asimismo, Rodríguez Irizarry estableció que otro de los problemas que enfrentan los municipios es que, al radicar una demanda de expropiación, están obligados a consignar en el Tribunal la cuantía de dinero conforme a la tasación de la propiedad. ‘’No cabe la menor duda que esto representa un gran problema, puesto que en su mayoría los municipios tienen problemas financieros, provocados por los recortes que en los últimos años han sufrido’’.
Según la Directora Ejecutiva, las enmiendas presentadas en el PC 1053, los municipios no estarían obligados a depositar en el Tribunal dinero alguno al radicar la demanda.
Finalmente, la Asociación de Alcaldes avaló el estatuto explicando que ‘’atiende uno de los mayores problemas que tienen los municipios. Los estorbos públicos generan una serie de situación; salubridad, pago de contribuciones inmuebles, deterioro de fachadas y visibilidad urbana’’.
Por otra parte, el CRIM en su ponencia reconocieron la situación que representa el volumen de propiedades que se encuentran en estado de deterioro y abandono por lo que coincidieron en las premisas establecidas de que se debe reevaluar el marco legal de la agencia resaltando las problemas existentes que enfrentan los municipios.
‘’Para poder priorizar la rehabilitación y el uso como vivienda asequible de estas propiedades hace falta una medida que procure establecer mecanismos rápidos y eficientes para la identificación, declaración, manejo y reutilización de las propiedades declaradas como estorbos públicos. De igual forma, coincidimos con el enfoque propuesto a través de esta legislación con respecto a la modificación del marco legal ante la declaración de un estorbo público’’, dijo el asesor legal Alexis Colón Acevedo.
El CRIM endosó la medida y adelantaron que tienen un proyecto desarrollado en el cual han implementado un proceso de tasación virtual que mediante la plataforma de la agencia tienen identificadas todas las propiedades no tasadas para efectos contributivos y en el cual se encuentran en la etapa de validación de valores de tasación científica.
‘’Este proyecto es muy meritorio prestarle atención ya que hemos visto como propiedades, urbanizaciones y barrios se han ido deteriorando con el tiempo por falta de atención y trabajo. Cada casa abandonada es una que le está restando un valor significativo hacia las otras y la calidad de vida de cada vecino se afecta. Por eso radicamos este proyecto con el fin de buscar soluciones y adelantar las causas que beneficien a cada puertorriqueño’’, añadió Rivera Ruiz de Porras
Mientras, para Santiago Nieves, representante del Distrito 28 de Comerío, Naranjito, Barranquitas y Corozal añadió que “todos debemos estar de acuerdo en lo urgente de trabajar soluciones a este problema de estorbos públicos que tenemos en los municipios. Rescatar estos espacios abandonados y convertirlos en vivienda accesible y proyectos de desarrollo socioeconómicos, es necesario y urgente. Desde mi punto de vista, este proyecto del compañero Roberto Rivera Ruiz de Porras va en la dirección correcta de buscar alternativas a un problema que por años vienen enfrentando y presentando los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico”.
